El abogado defensor del Jefe comunal explicó que todas las actuaciones se hicieron para recuperar un inmueble que es un bien público, que era usufructuado comercialmente por un particular que no cumplía con los requisitos legales para ejercer esa explotación.
El intendente de Paso de la Patria, Guillermo Osnaghi, reivindicó la defensa del patrimonio público en la causa que se le sigue por supuesta usurpación y abuso de autoridad, por un particular que cuestionó la potestad del Municipio de administrar inmuebles que son bienes públicos.
Entre el jueves y el viernes pasado se desarrollaron las audiencias de alegatos y presentación de pruebas en la causa promovida por un querellante particular, en los términos del reformado Código Procesal Penal, pese a que las fiscalías actuantes, tanto la Número 4 como el Fiscal General dictaminaron que el Jefe comunal no cometió ningún delito al recuperar un predio municipal que era ocupado de manera irregular por el empresario Andrés Bravo Bonpland.
El abogado José María González, representante de Osnaghi, afirmó que «el Intendente actuó en cumplimiento de su deber al defender el patrimonio público de la Municipalidad».
«Osnaghi cumplió su deber como intendente, esto fue recurrido; por lo tanto, se tuvo que expresar una segunda fiscalía que es la Fiscalía General a cargo de César Sotelo y este funcionario se expresó en idéntico sentido que la Fiscalía Número 4 solicitando el sobreseimiento del Jefe comunal por considerar que no cometió ningún delito y su acciona fue en cumplimiento de los deberes que le impone la ley», indicó González.
González narró que el caso se remonta a 2021, cuando se detectó que Andrés Bravo Bonpland, el querellante en esta causa, ocupaba un predio de dominio público en la intersección de Piragine Niveyro y Santa Coloma, en el área de la playa, sin autorización ni habilitación municipal. Según González, Bravo operaba un local que incluía servicios de pesca, un restaurante parrilla y otras dependencias, excediéndose en la superficie autorizada y sin pagar impuestos o tasas comerciales.
«Lo que se hizo fue regularizar y recuperar los bienes del dominio público municipal. Se le intimó en varias oportunidades a Bravo para que regularice su situación, pero no cumplió. Incluso, tras una clausura preventiva, continuó operando de manera irregular», explicó el abogado. Ante la falta de respuesta, el Juzgado de Faltas dispuso la clausura definitiva del lugar.
González detalló que, en ningún momento, Bravo presentó documentación que avalara su ocupación del predio. «Se le dieron todas las oportunidades para regularizar su situación, pero no lo hizo. Incluso, construyó en el lugar sin autorización y se negó a devolver el espacio al Municipio», agregó.
Tras una denuncia formal, el caso fue remitido a la Fiscalía N°4, que inició una investigación. Bravo Bonpland se constituyó como querellante y el Juzgado de Garantías dictó una medida de no innovar, manteniendo el inmueble bajo custodia municipal.
Después de más de un año de trámites, la Fiscalía dictaminó que Osnaghi no cometió ningún delito, ya que actuó en cumplimiento de sus deberes como Intendente.
«El Intendente es el responsable de los bienes municipales. No es solo una facultad, sino un deber. Si Osnaghi no hubiera actuado como lo hizo, estaría incumpliendo con su función», sostuvo González.
El fallo fue respaldado posteriormente por la Fiscalía General, que solicitó el sobreseimiento del Intendente al considerar que su accionar fue conforme a la ley.
Este caso pone en evidencia la complejidad de gestionar bienes públicos en Paso de la Patria, donde el control y la regularización de los espacios son fundamentales para garantizar el uso adecuado de los recursos municipales.
La decisión se conocerá este lunes 10 de febrero
González reiteró que la causa avanzó en su trámite por la vigencia de las reformas del Código Procesal Penal que habilita a los particulares a llevar adelante la querella.
Explicó que los responsables de las fiscalías dictaminaron que Osnaghi no cometió ningún delito, que por el contrario actuó en cumplimiento de sus deberes de funcionario público.
El abogado expresó que entre el jueves y el viernes se ofrecieron todas las pruebas para que la causa termine en el sobreseimiento del Intendente y que el lunes se conocerá la decisión de la Justicia.
La audiencia será presidida por Juan José Cochia como Tribunal de Juicio Unipersonal. La querella es ejercida por Nelson Ramón Pessoa y Carlos Alejandro Molina. Y la defensa del imputado está a cargo de los doctores Daniel Horacio Domínguez Henain, José María González y Carlos Maciel.
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