Ante la movilización universitaria contra el veto a la ley de financiamiento, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado contundente, afirmando que «la marcha es política».
Según el Gobierno, este conflicto responde más a intereses políticos que a las necesidades del sistema educativo, ya que «todos los reclamos educativos están atendidos y resueltos».
En el documento, titulado «Estamos a favor de la educación universitaria», la cartera, liderada por Sandra Pettovello, subrayó la urgencia de priorizar la educación sobre las confrontaciones políticas. Aseguraron que el Gobierno «está al día» en los pagos para garantizar que los profesores estén en las aulas, evitando que los estudiantes sufran por situaciones injustificadas.
El comunicado enfatizó que «nunca se desfinanció la educación universitaria pública» y que el compromiso del Gobierno con la universidad pública se ha mantenido firme, exigiendo solo claridad en la gestión de los recursos. Detallaron que se han asignado más de 192 mil millones de pesos para aumentar los gastos de funcionamiento, lo que representa un incremento del 270%.
Además, se destinaron fondos para hospitales universitarios y aumentos salariales superiores a las pautas del Estado nacional. La propuesta que se presentará a los gremios alinea las remuneraciones del sistema universitario con el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). «Todo lo solicitado fue concedido», afirmaron.
Respecto a los salarios, indicaron que los docentes de dedicación exclusiva ganan cerca de $1,4 millones mensuales, y los no docentes con antigüedad, alrededor de $1 millón, ambos por encima de la Canasta Básica Total (CBT) de $300.000. «No existe pobreza entre estos sectores», afirmaron, destacando que los menores ingresos corresponden a docentes de dedicación simple y algunos no docentes de categorías iniciales.
El ministerio rechazó que las manifestaciones y paros respondan a una verdadera necesidad de financiamiento, reiterando que «la marcha es política» y no refleja un desfinanciamiento de la universidad ni un perjuicio hacia los estudiantes. Aseguraron que se ha transferido todo en tiempo récord, priorizando la mejora del sistema educativo.
Por otro lado, el ministerio aclaró que las universidades públicas rechazaron una propuesta de aumento salarial adicional del 6,8% para octubre, lo que impacta negativamente en el sistema educativo. Argumentaron que, a pesar de recibir 192 mil millones de pesos, los fondos han sido desviados hacia gastos no prioritarios.
También se mencionó la falta de auditorías en las universidades, alegando que «no han rendido cuentas adecuadamente». Se instó a considerar el costo de los estudiantes extranjeros como una carga adicional para el sistema universitario público. Finalmente, el Gobierno destacó irregularidades académicas, señalando que un 38,4% de los estudiantes carece de información clara sobre su actividad académica y apuntaron a las disparidades sociales en el sistema educativo.
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